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Todos los 14 de marzo se conmemora el “Día internacional de acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida”, aunque en países como Brasil las protestas se adelantaron algunos días. Esta semana hubo movilizaciones de afectados por represas hidroeléctricas en los estados de Mato Grosso y Rondônia.

El lunes unos 800 agricultores afectados ocuparon la presa de Manso, en Mato Grosso, para reclamar el cumplimiento de compromisos asumidos en 2005 por la energética estatal Furnas, encargada de su administración.

Uno de los damnificados, Paulo Pereira Fernandes, explicó que la empresa compró hasta el momento solamente el 40% de las tierras necesarias para el reasentamiento de las 780 familias afectadas por su instalación, cifra que ha reconocido la propia Furnas.

“Estamos cansado de esperar. Hasta que Furnas no cumpla con lo acordado permaneceremos en la represa”, afirmó Pereira Fernandez, según consta en el portal de Internet del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués).

La promesa de comprar tierras para la totalidad de las familias desplazadas por la usina Manso, en su mayoría pequeños productores rurales, fue realizada hace tres años por las autoridades gubernamentales. Pero ahora, además del reasentamiento, la población afectada reclama proyectos alternativos de desarrollo económico y asistencia técnico-financiera para retomar la producción.

Furnas había asumido el compromiso de comprar 22 mil hectáreas de tierras para las 780 familias, pero hasta el momento sólo ha adquirido unas ocho mil, de acuerdo a la información que maneja la prensa de Mato Grosso.

Por otra parte, en las últimas horas también se puso en tela de juicio, por enésima vez, uno de los proyectos hidroeléctricos más resistido de Brasil: el complejo sobre el río Madeira.

En el marco de las diversas acciones por el Día Internacional de la Mujer, unas 200 representantes del MAB y la Vía Campesina bloquearon durante algunas horas el acceso a las obras de la usina Santo Antônio, que integra el complejo ubicado cerca de Porto Velho, capital de Rondônia. “Centenares de funcionarios de la empresa constructora Odebrecht fueron impedidos de entrar”, señala el comunicado que se divulgó después de la acción.