Brasil | 12 de julio de 2010
Una decena de empresarios arroceros deberá abandonar ese territorio si el fallo favorece a los aborígenes

El Supremo Tribunal Federal, máxima corte de Brasil, reinició el juicio para definir la constitucionalidad de una gigantesca reserva indígena en la frontera con Venezuela y Guyana, cuyo fallo podrá servir de parámetro para la política de territorios aborígenes.
“El indígena siente su tierra” y la política del Estado reconoce que ésta es “condición esencial a su supervivencia”, expresó el juez Carlos Alberto Menezes Direito al iniciar la explicación de su voto.
Una inusual imagen ofrecía el plenario de la formalísima corte -que obliga por norma a hombres y mujeres que asisten a los juicios a vestir traje y saco-, al que este miércoles entraron extraordinariamente los grupos indígenas con torsos sin ropa, vistosas plumas y pinturas tradicionales.
La reserva Raposa Serra do Sol, en la que viven 19 mil indígenas de las etnias macuxi, wapichana, ingarikó, taurepang y patamona, tiene una extensión de 17 mil Km2, equivalentes a poco menos del territorio de El Salvador. Esta fue reconocida por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en 2005, pero contestada por el gobierno regional y grandes hacendados arroceros blancos que ocuparon tierras en la misma hace 20 años y se resisten a abandonarla.
El juicio sobre la constitucionalidad de la demarcación se inició en agosto, cuando el juez informante votó a favor de entregar la reserva a los indígenas y sacar a los blancos de la misma, pero luego fue interrumpido por el juez Menezes Direito que pidió tiempo para estudiar su voto.
La decisión del tribunal tiene una importancia básica para el futuro de la política indigenista del país que reconoce 12% de su gigante territorio a reservas indígenas.
“Sea cual sea el fallo de la corte, la decisión establecerá un nuevo parámetro para los modelos de demarcación de tierras indígenas en Brasil”, evaluó el ministerio de Justicia.
Las demarcaciones indígenas “no son una victoria de indios contra blancos, ni contra arroceros, sino una concepción de territorio, de protección de la pluralidad ética y social del país que establece la Constitución”, afirmó el ministro de Justicia, Tarso Genro. Temiendo eventuales reacciones violentas en la reserva tras el fallo, el Gobierno garantizó que la decisión será acatada y mantendrá la seguridad.
Categorías: Derechos Humanos - Pueblos originarios
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