Alba TV

Por Nelson Lombana Silva

Mediante carta dirigida a la procuraduría regional del Tolima, campesinos del municipio Dolores denuncian que al parecer unidades militares violentaron una vivienda que se encontraba sola porque sus moradores estaban en jornada de integración programada por la junta de acción comunal y se hurtaron $500.000 en efectivo en monedas de 500 pesos que tenían depositada en una alcancía y otros enseres más.

Los hechos ocurrieron el domingo 27 de junio en la vereda San Pedro, finca El Porvenir, de las tres a las seis de la tarde. Destruyeron totalmente las puertas, desordenaron los enseres y buscaron palmo a palmo cosas de valor. Se robaron una hamaca, un chile, un bolso de color negro, cuatro panelas, un celular Alcatel con cargador, un cuchillo grande, un par de botas de caucho número 39 marca Venus.

Al segundo día (lunes 28 de junio), Celso Hernández, propietario de la finca, se dio cuenta de que en el lago habían sido pescados cientos de peces, dejando sobre una piedra los ladrones el chile y un par de botas tipo militar de color negra con el estampado del Ejército Nacional. El campesino está presto a rendir indagatoria con el fin de que sus pertenencias le sean devueltas y los responsables castigados ejemplarmente.

Dice un acápite de la carta-denuncia: “De igual forma le informo que los hechos especificados fueron corroborados por socios de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedro, quienes siempre han esperado la seguridad de la Fuerza Pública, encontrando que el Ejército Nacional, con acciones como éstas, no sólo ha participado, sino que ha sido permisivo para que dentro del municipio de Dolores se prolifere el vandalismo y la inseguridad de la población que honradamente está trabajando”.

La carta está acompañada de varias firmas de los campesinos de la zona que se solidarizan con el afectado, Celso Hernández, pidiendo investigación, devolución de los elementos robados, arreglo de la vivienda y castigo ejemplar para los militares directamente involucrados en este hecho de pillaje censurable. La carta fue radicada el pasado 12 de julio en esta oficina ubicada en Ibagué, departamento de Tolima.

Ibagué, julio 19 de 2010