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El proyecto de explotación minera de oro a cielo abierto Crucitas, en la región norte de Costa Rica, no recibió el permiso de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio del Ambiente (MINAET), ya que impactaría un acuífero inferior o regional.

Así lo afirmó Ana Sofía Huapaya, Geóloga de esa Dirección, quien desde el 2001 conoce el proyecto, durante el debate, este martes, en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Contencioso Administrativo para anular los permisos y un decreto del ex presidente Oscar Arias Sánchez, quien declaró el proyecto de “Conveniencia Nacional”.

“Huapaya, incluso, ha emitido una serie de oficios y memorandos, que han sido la base de la concesión minera otorgada en el 2008 expuso durante el debate”, dijo a este medio el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez.

“No puede haber concesión minera si se impacta el acuífero regional, conocido como el acuífero inferior”, indicó Huapaya al responder una pregunta del Tribunal, luego de haber tratado de evadir consultas de los abogados ambientalistas.

“Eso significa que dado que necesitan bajar, porque así son los planes de diseño y demás, que incluso Sandra Arredondo, ex regente ambiental de Crucitas, expuso que se iba a impactar ese acuífero en Geología y Minas mantienen el criterio de que eso JAMÁS está autorizado y JAMÁS lo podrían hacer”, proclamó Sagot tras culminar el séptimo día de debates.

La geóloga reconoció que aunque La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), lo haya visto de esa manera, Geología y Minas, que es quien otorga el permiso que sigue posterior, no lo entiende así y no lo autoriza de esa manera.

Sobre la participación de Huapaya, Sagot explicó que “nunca hemos tenido contacto, y estuvo esquivando las preguntas, pero ante las preguntas de la jueza lo confirmó”.

Para la funcionaria, en la minería deben regirse las recomendaciones ambientales que se emitieron en su momento, entre ellas que no puede afectarse áreas de protección de ríos y quebradas, y tanto cerro Botija como Cerro Fortuna.

“Así lo admitió Huapaya, esos cerros tienen quebradas y tienen ríos”, recalcó Sagot.

Para Sagot, “esto quiere decir que de entrada estarían incumpliendo la concesión minera, y si están incumpliendo la concesión minera, porque no pueden haber impactos, o que tienen que respetarse, no es no pueden haber impactos, tienen que respetarse las áreas de protección: estamos hablando de 15 metros de cada una de las quebradas y ríos que salen de esos cerros, porque ahí está un acuífero”.

Indicó que los desarrolladores del proyecto “quieren destruir todo y bajarse a 70 metros de profundidad en un perímetro de 50 hectáreas; entonces, ¿Cómo podrían cumplir con la concesión minera? Es imposible, sin destruir las quebradas y ríos”.

Sagot Rodríguez destacó que “la misma concesión minera dice de que se deben respetar las áreas de protección, conforme la ley forestal, artículo 33, que de una vez nos remite a lo que son los ríos y quebradas permanentes, y la geóloga dijo”: “Ahí existen varios”.

Académicos universitarios y profesionales del Grupo Llamado Urgente por el País, recordaron que la concesión otorgada en abril del 2008 se basa sobre dos documentos de la geóloga Huapaya del 2001, y que no estaban fundamentados.

En el documento 26 razones para oponerse al proyecto minero Crucitas (http://llamadourgenteporelpais.blog...), los integrantes del Grupo, académicos de las tres universidades estatales, “el cambio de diseño se aprobó sin la debida profundidad técnica y sin que participara un equipo técnico de especialistas en el tema”.

El 14 de marzo del 2008, apenas un mes después de que la SETENA otorgara la Viabilidad Ambiental al cambio de diseño del Proyecto Crucitas, la Geóloga Ana Sofía Huapaya de la Dirección de Geología y Minas del MINAET, técnica responsable de la revisión de la documentación geológico – minera de Crucitas, manifestó mediante memorándum Nº DGM-DC-320-2001 el resultado de la revisión de la documentación técnica del Proyecto Crucitas.

En dicha nota, la referida geóloga reconoce que el estudio es complejo y que consta de: “1. Lectura e interpretación de la documentación técnica presentada (total de 4 tomos de 312 páginas cada una).

2. Revisión é interpretación de 15 tomos los que comprenden: diseños de bancos de extracción, diseños de planta de beneficiamiento, secciones o perfiles geológicos, registros de perforaciones y mapas geológicos.

3. Lectura e interpretación de los diferentes informes de exploración del expediente Nº 7339, con el objetivo de investigar y valorar los primeros modelos de mineralización obtenidos en las primeras fases de exploración hasta las modificaciones que se realizaron en las fases finales de esta”.

En el informe, la geóloga mencionada indica que recibió observaciones de dos geólogos más de la Dirección de Geología.

Ante esto, para los ambientalistas surgen muchas preguntas: “¿Cómo es posible que se revisara tanta cantidad de información de forma tan rápida? ¿Cuál era la urgencia de que se revisara en ese periodo tan corto? ¿Por qué razón la Dirección de Geología no buscó apoyo técnico en otras entidades?”.

Finalmente, sostienen que no se debe olvidar que el proyecto comprende la construcción de un lago artificial de más de 1,5 Km2 con una gran represa: ¿Por qué no se pidió opinión al Instituto Costarricense de Electricidad, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a la Comisión Nacional de Emergencias o a otras entidades sobre el diseño y seguridad que implica esa represa?”.

Por otra parte, también se cuestiona “la revisión en un periodo de tiempo tan corto de tanta y tan importante información técnica no debió haberse realizado en un tiempo tan corto y bajo un “equipo” tan limitado”.