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El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, quien fue denunciado por las acciones contra el orden público que pueden generar las movilizaciones convocadas, declaró que “es evidente” que la intención del Gobierno central “es amedrentar a la población”.

“Pero la protesta del 2 y 3 de enero será contundente”, aseguró Santos en declaraciones que publica este domingo el diario La República.

En noviembre pasado, Cajamarca estuvo sumida en un paro indefinido por cerca de dos semanas que concluyó con la declaración de estado de emergencia en cuatro provincias de esa región.

El periódico confirmó que la procuraduría pública especializada en asuntos de orden público del Ministerio del Interior denunció a Santos y a siete dirigentes del Frente de Defensa del Ambiente de Cajamarca, que convocó a la reanudación de las protestas en esa región.

El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, había adelantado la semana pasada que el Ejecutivo denunciaría también a las autoridades de Cajamarca ante el Tribunal Constitucional por haber declarado inviable el proyecto aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, la mayor productora de oro en Suramérica.

Santos dijo que en Cajamarca están sorprendidos de que “un gobierno democrático elegido por votos progresistas persista en aplicar medidas que criminalizan la protesta social”.

La autoridad regional, que se ha negado a participar en las mesas de diálogo promovidas por el Ejecutivo, agregó que vive actualmente “una persecución política”. “El Servicio de Inteligencia” nos vigila y hasta me han prohibido hablar sobre política regional”, sostuvo.

Santos recordó que la semana pasada, al anunciar las nuevas movilizaciones por la red social en internet Twitter, aludió a “la revolución de Cajamarca”, pero en referencia a los levantamientos independentistas que se vivieron hace 157 años en esa región peruana.

Sin embargo, la actitud de Santos ha generado el rechazo de un sector de la oposición en el Parlamento, pues el congresista Juan José Díaz, del partido del expresidente Alberto Fujimori, anunció que pedirá a sus colegas promover la destitución del presidente regional.

“Santos está usurpando funciones del gobierno central, con lo cual estaría incurriendo en infracción constitucional que lo hace pasible de una acusación”, dijo Díaz al diario Perú.21.

“No se puede permitir que algunas autoridades regionales asuman el papel de reyezuelos de feudos y que, envalentonados, desafíen a la autoridad”, apuntó el legislador fujimorista.

En una entrevista radial, el mandatario peruano, Ollanta Humala, reconoció el sábado que las mineras han tenido una pésima relación con regiones como Cajamarca porque han pecado de “soberbias”.

Por tal motivo, Humala reiteró que el gobierno llevará adelante un peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga para solucionar las dudas que la población y sus autoridades tienen sobre el millonario proyecto de extracción de oro.